El Gobierno y los sindicatos tienen muy avanzado un principio de acuerdo para llevar a cabo una contrarreforma laboral que anula los aspectos centrales de la reforma realizada en 2012 para volver a la legislación previa a esa fecha. Los principales cambios legales que se prevén son:
Prórroga de los convenios:
Uno de estos cambios consistirá en restablecer la prórroga automática de los convenios colectivos, manteniendo su vigencia ilimitada hasta que no se pacte un acuerdo nuevo. Esta medida se conoce como ultraactividad de los convenios y la reforma laboral de 2012 la limitó a un año, de forma que si transcurridos 12 meses las partes no habían pactado un nuevo convenio, el trabajador pasaba a tener como referencia el convenio de ámbito superior o el Estatuto de los Trabajadores.
Primacía del convenio de sector:
Otra de las cosas que estaría prácticamente cerrada es la recuperación de la primacía o prioridad aplicativa del convenio de sector sobre los convenios de empresa. También la reforma laboral cambió esta relación, otorgando todo el poder al convenio de empresa, que podía empeorar las condiciones de un convenio sectorial. Ahora, la reforma que pretende llevar a cabo el Gobierno con los sindicatos volvería a impedir que un convenio de empresa recoja peores condiciones laborales para los empleados que aquellas que marque su convenio de sector.
Trabajadores de subcontratas:
La tercera cuestión acordada es una nueva regulación de las subcontratación o externalización de actividades por parte de las empresas. Así, el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores tendrá una nueva redacción, definiendo qué es la actividad central o fundamental de una empresa. Una vez hecha esta definición, si una compañía externaliza un servicio que forme parte de su actividad fundamental, los trabajadores de la subcontrata que realice ese servicio deberán tener las mismas condiciones laborales, incluidos los salarios, que los de la empresa principal.
Mientras que, si la actividad que se subcontrata no forma parte del núcleo central de la actividad de la empresa principal, los trabajadores subcontratados se regirán por el convenio del sector de su propia actividad. Asimismo, se prohibirá que las firmas subcontratadas para realizar un servicio externalizado usen contratos de obra o servicio para realizar tareas que son propias de su actividad troncal.
Registro de jornada:
El Ministerio de Trabajo ha acordado con los sindicatos modificar cuatro artículos del Estatuto de los Trabajadores (4, 12, 34 y 35) y otro artículo más de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Con estos cambios la ley establecerá que “será de obligación de la empresa registrar la jornada de cada trabajador. Este registro de jornada será diario y deberá incluir el horario concreto de entrada y salida”. Además, los trabajadores deberán recibir mensualmente información sobre las horas trabajadas y sus representantes sindicales también. Así como de las horas extraordinarias realizadas. No obstante, ante la dificultad de este registro en algunas profesiones o actividades, el Ejecutivo prevé el establecimiento de algunas excepciones en el cumplimiento de esta nueva obligación empresarial.
Según el borrador dónde Trabajo regula esta nueva medida, los contratos de un empleo a tiempo parcial también deberán recoger expresamente “el horario habitual de trabajo, sin que sea suficiente a estos efectos la mera referencia al convenio colectivo de aplicación”.
Subsidio para mayores de 52 años:
La ley recuperará también el subsidio para parados mayores de 52 años que en 2013 endureció sus requisitos de acceso, elevando la edad exigida a 55 años, entre otras cuestiones. Con el pacto, esta ayuda rebajará las condiciones para su cobro.
Jubilación forzosa:
Solo hay un punto sobre el que existe acuerdo de todas las partes: articular que los convenios colectivos puedan recoger la jubilación forzosa a la edad legal de retiro.
Como decimos éste es un principio de acuerdo entre sindicatos y Gobierno, en el cual no han participado los empresarios.